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En la Villa de Madrid, a trece de Enero de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Exportations et Developpement Canadá, representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, contra la Sentencia dictada, el día ocho de abril de dos mil cinco, por la Sección Diecinueve de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Madrid. Son parte recurrida doña Milagrosa , representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Domínguez López y don Juan Manuel y don Carmelo , representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Gómez Montes.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito presentado, ante el Juzgado Decano de Madrid, el día cinco de junio de dos mil uno , el Procurador de los Tribunales don Jorge Laguna Alonso interpuso, en representación de Société Pour L’Expansion des Exportations, demanda de juicio ordinario, contra don Isidoro , don Carmelo y don Juan Manuel .

En dicho escrito la referida representación procesal alegó que Société Pour L’Expansion des Exportations era titular de un crédito, por importe de tres millones quinientos noventa y siete mil ciento treinta y nueve dólares canadienses, contra Europaper, SA. Que ese crédito había sido declarado por sentencia dictada, el diez de octubre de mil novecientos noventa y seis , por un Tribunal canadiense, la cual había ganado firmeza. Que, otorgado el correspondiente exequátur , al intentar ejecutar la referida sentencia en España, la acreedora conoció, por medio de certificación registral, que a su deudora le habían sido aplicadas las sanciones que, al supuesto que describe, vincula la disposición transitoria sexta, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre , por el que promulgó el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas. Que los tres demandados eran los administradores de Europaper, SA y que, como tales, habían incumplido los deberes de convocar junta general para la disolución de la sociedad y de adaptar los estatutos a dicha normativa. (más…)

Sí.  La jurisprudencia, entre otras, la STS de 16 de mayo de 2000 ha permitido el uso de la opción de compra como garantía atípica -junto con fórmulas como el “lease back”- para asegurar la devolución de un crédito o préstamo . El ejercicio de la opción sólo supone para el acreedor la adquisición  de la titularidad del inmueble con fines de aseguramiento (fiducia) y no como propietario. (más…)

NOTA DE REDACCIÓN:

La principal cuestión que se plantea y estudia en esta sentencia es la colisión entre el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos y el privilegio de inembargabilidad de los bienes de las haciendas locales contenida en el art. 154.2 de la Ley de Haciendas Locales.

 

RESUMEN:

Recurso de amparo contra Auto de 25 noviembre 1993 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó recurso de súplica contra Providencia de la propia Sala de 8 noviembre 1993, recaída en trámite de ejecución de Sentencia de recurso contencioso-administrativo seguido contra Ayuntamiento de Umbrete, disponiendo en su fallo que no ha lugar a decretar el embargo ni retención de fondos solicitado por la demandante: éste imputa al Auto quebrar su derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. Vulneración del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales: existencia: otorgamiento parcial de amparo. (más…)

Ponente: Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio.
Nº de recurso: 2496/2000

Jurisdicción: CIVIL
LA LEY JURIS: 11773/2007
LITISPENDENCIA. Impropia o prejudicialidad civil. Procedimiento sobre nulidad de un acto de disposición de la quebrada realizado dentro del periodo de retroacción de los efectos de la declaración de quiebra, afectado por un procedimiento anterior promovido para fijar definitivamente la fecha de retroacción. La consecuencia procesal de la estimación de la excepción, bajo la vigencia de la antigua LEC, era dictar una sentencia absolutoria en la instancia. Fin de la situación de litispendencia antes de resolverse el recurso de casación formulado contra la sentencia que acogió la excepción, al haber pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia que puso término al proceso que motivó el acogimiento de la excepción. No afecta a la resolución del recurso, limitado a combatir las consecuencias procesales de la estimación de la excepción.