Nota sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.

Publicado: 1 octubre, 2010 en Ley de Hidrocarburos
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La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley (el “Proyecto de Ley”) por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre (la “LSH”), con el fin de adaptarla a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural (la “Directiva”), considera que la mayor parte del contenido de la Directiva ya viene incorporado en la normativa española. No obstante, reconoce que “las obligaciones de separación jurídica en el mercado liberalizado de las actividades de transporte, distribución, regasificación o almacenamiento por una parte, de las actividades de producción o suministro de gas natural, por otra, y la obligación de separación funcional que impone la Directiva 2003/55/CE, exige la adecuación a dicha Directiva del Título IV de la Ley 34/1998 sobre ordenación del suministro de gases combustibles por canalización”.

Las principales modificaciones introducidas por el Proyecto de Ley son las siguientes:

1.                  Se crea la “tarifa de último recurso”, precio máximo para aquellos consumidores que se determinen fijado por la Administración (en concreto, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio), como una garantía de suministro (art. 57 de la LSH). Consecuentemente, se crea la figura de comercializadores de gas de último recurso, que serán designados por el Gobierno (art. 82 de la LSH).

2.                  El artículo 93 de la LSH, que establece la tarifa de último recurso, se expresa en los siguientes términos:

1. La tarifa de último recurso será el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la presente Ley, hayan sido designados como suministradores de último recurso, a los consumidores que, de acuerdo con la normativa vigente para esta tarifa, tengan derecho a acogerse a la misma.

2. La tarifa de último recurso será única en todo el territorio español sin perjuicio de sus especialidades por niveles de presión y volumen de consumo.

3. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de la tarifa de último recurso de gas natural o un sistema de determinación y actualización automática de la misma.

El sistema de cálculo de la citada tarifa incluirá, entre otros, el coste de la materia prima, los peajes de acceso que correspondan, los costes de comercialización y los costes derivados de la seguridad de suministro.

5. Las tarifas de último recurso se fijarán de forma que no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado.

El artículo 82 tampoco aclara el criterio que será empleado para determinar que consumidores tendrán acceso a la tarifa de último recurso.

3.                  Se redefinen los operadores y las actividades del sistema gasista (Capítulo II del Título IV de la LSH), recogiéndose como sujetos los consumidores finales, así como los Consumidores Directos en Mercado, y la Oficina de Cambios de Suministrador, “que será la sociedad mercantil responsable de la supervisión y, en su caso, gestión de los cambios de suministrador de los consumidores finales” (art. 58 de la LSH).

4.                  Los Consumidores Directos en Mercado, los comercializadores y los distribuidores deben estar inscritos en el correspondiente registro, que se crea ad hoc.

5.                  El nuevo artículo 60 establece que, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la tarifa de último recurso, la actividad de comercialización se ejercerá en régimen de libre competencia, determinándose de forma reglamentaria (art. 78 de la LSH), entre otros, las medidas de protección del consumidor, los procedimientos de cambio de comercializador y el procedimiento de resolución de las reclamaciones. Asimismo “se preverá reglamentariamente la posibilidad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de tales reclamaciones”.

6.                  Se clasifican como incompatibles las actividades de transporte, comercialización y producción, cumpliéndose de esta forma con el mandato de la Directiva. Por otro lado, se permite que grupos de sociedades realicen actividades incompatibles, siempre que sean ejercidas por sociedades diferentes y se cumplan determinados requisitos que aseguren la debida separación de dichas actividades (art. 63 de la LSH).

7.                  Se incluye la definición de la red de transporte primario, como aquella que está constituida por los gasoductos de presión máxima de diseño igual o superior a 60 bares, en el artículo 66 de la LSH, dentro del Título IV, regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural. Esta inclusión se realiza a los efectos de establecer la obligación de los titulares de las instalaciones de transporte de permitir la utilización de los mismos por parte de los Consumidores Directos en Mercado y de los comercializadores. Con la redacción anterior, sólo tenían derecho de acceso a las redes de trasporte secundario.

8.                  Se actualizan las obligaciones y los derechos de los sujetos del sistema gasista (art. 74, 75 de la LSH para los distribuidores; 81 para los comercializadores).

9.                  Entre los derechos de los distribuidores conviene destacar los siguientes:

(i)                 Exigir que las instalaciones conectadas a las de su propiedad reúnan las condiciones técnicas establecidas y sean utilizadas en forma adecuada.

(ii)               Exigir que las instalaciones, aparatos receptores y equipos de medida de los consumidores reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen, así como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o degradación de su calidad para otros consumidores.

(iii)             Facturar y cobrar de los comercializadores y consumidores directos en mercado los peajes de acceso en los plazos establecidos por la legislación. Además, podrán facturar y cobrar otros servicios asociados al suministro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Y, entre sus obligaciones, las siguientes:

(i)                 Aplicar las medidas que se establezcan en relación a la protección de consumidores que tengan la consideración de esenciales.

(ii)               Mantener un sistema operativo que asegure la atención permanente y la resolución de las incidencias que, con carácter de urgencia, puedan presentarse en las redes de distribución y en las instalaciones receptoras de los consumidores conectados a sus instalaciones.

(iii)             Realizar las pruebas previas al suministro que se definan reglamentariamente.

(iv)             Realizar visitas de inspección a las instalaciones receptoras existentes, con la periodicidad y en las condiciones definidas reglamentariamente.

(v)               Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la Administración.

(vi)             Procurar un uso racional de la energía.

10.              El artículo 81, de los derechos y obligaciones de los comercializadores, establece, por un lado, que tendrán, entre otros, el derecho de acceso a instalaciones de terceros (ver punto 7) y el derecho de suscribir con sus clientes cláusulas de interrumpibilidad en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Por otro lado, entra las obligaciones, conviene destacar las de:

(i)                 Prestar las garantías que se determinen por los peajes y cánones de acceso contratados.

(ii)               Abonar en los plazos establecidos en la legislación los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas que correspondan.

(iii)             Abonar al distribuidor las cantidades recaudadas por servicios asociados al suministro prestados por el distribuidor al consumidor final en aquellos casos que hayan sido establecidos reglamentariamente.

El apartado 3 del mismo artículo establece que los Consumidores Directos en Mercado tendrán los mismos derechos y obligaciones que los comercializadores en todo aquello que les sea de aplicación.

11.              Se establece un marco temporal para la progresiva adaptación del sistema al nuevo modelo (1 de enero de 2008).

12.              Se actualiza el régimen sancionador. En primer lugar, se amplia considerablemente el número de conductas sancionables, para asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones y garantizar el ejercicio de los nuevos derechos. Por otro, se revisan los supuestos de hecho de conductas previas, para incluir nuevas modalidades. En este sentido, el artículo 109.1.a) recoge ahora como infracciones la realización sin autorización administrativa, además de la construcción, ampliación, explotación y modificación de instalaciones afectas a las actividades reguladas, la transmisión o cierre de las mismas (ver punto 17). Además, añade el medio ambiente como otro bien jurídico, a parte de las personas y los bienes, susceptible de ser puesto en peligro manifiesto por el incumplimiento de prescripciones y condiciones relativas a la realización de dichas actividades reguladas.

Otros modificaciones, no motivadas expresamente en la Exposición de Motivos:

13.              Se dota a la Comisión Nacional de Energía (la “CNE”) de nuevas competencias de supervisión para garantizar la ausencia de discriminación y un funcionamiento eficaz del mercado (art. 3.4 de la LSH).

14.              Se fija en tres meses el plazo que tienen los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos que deban permitir el acceso de terceros, para comunicar a la CNE los contratos que suscriban, la relación de precios por la utilización de las referidas instalaciones, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos. (art. 41 de la LSH).

15.              Serán miembros de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos los representantes de los operadores al por mayor y “formarán parte de su Asamblea y su voto en ella se graduará en función del volumen de su aportación financiera anual. El Presidente de la Corporación y la parte de vocales de su órgano de administración que reglamentariamente se determine serán designados por el Ministerio de Industria, Turismo y comercio. El titular de dicho departamento podrá imponer su veto a aquellos acuerdos de la Corporación que infrinjan lo dispuesto” en la LSH y en sus disposiciones de desarrollo (art. 52.5 de la LSH).

16.              Los sujetos del sistema gasista, a excepción de los consumidores, tienen nuevas obligaciones contables, permitiéndose al Gobierno establecer para los mismos “las especialidades contables y de publicación de cuentas que se consideren adecuadas, del tal forma que se reflejen con nitidez los ingresos y gastos de las actividades gasistas y las transacciones realizadas entre sociedades de un mismo grupo, con objeto de evitar discriminaciones, subvenciones entre actividades distintas y distorsiones de la competencia.” (art. 62 de la LSH).

17.              Las transmisiones de las instalaciones de red ahora requieren no solo la comunicación, sino también la autorización administrativa (art. 67 de la LSH).

Igor Kokorev

Abogado especializado en Derecho Mercantil

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