El embargo de los bienes patrimoniales de las Entidades Locales

Publicado: 6 octubre, 2010 en Mercantil
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El objeto de este artículo no es otro que poner de relieve la problemática de la ejecución de sentencias que condenan a las Entidades Locales a abonar cantidades líquidas, derivada del privilegio de inembargabilidad de la Administración.

1                    Introducción

El objeto de este artículo no es otro que poner de relieve la problemática de la ejecución de sentencias que condenan a las Entidades Locales a abonar cantidades líquidas, derivada del privilegio de inembargabilidad de la Administración.

Se trata de una materia relativamente compleja, porque la normativa relativa a la ejecución de sentencias de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa (la “LJCA”), no contempla expresamente la posibilidad de embargar bienes del patrimonio de la Administración.

No obstante, la LJCA es de entrada en vigor posterior al cambio operado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la extensión del privilegio de inembargabilidad de la Administración local y no es ajena, como lo demuestra la Exposición de Motivos de la LJCA, al nuevo panorama creado por dicha jurisprudencia constitucional.

Todas estas cuestiones serán analizadas con mayor detalle en el curso de este estudio. Sin embargo, la pregunta fundamental a la que intentaremos contestar es cómo se pueden integrar los razonamientos del Tribunal Constitucional, incorporados ya en la normativa en materia de Haciendas Locales, modificada de forma relativamente reciente, en el procedimiento de ejecución de sentencias que condenan a la Administración al pago de cantidades líquidas de la LJCA.

A este fin, examinaremos (i) la normativa relativa a la ejecución de sentencias que condenan a la Administración Pública, (ii) el privilegio de inembargabilidad, (iii) la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el mismo, y (iv) la situación actual de dicho privilegio.

Antes de proceder con nuestro análisis, conviene precisar que este artículo se centra sobre todo en el ámbito de las corporaciones locales, sin perjuicio de que el modesto examen de la situación que aquí se realiza podría ser parcialmente aplicable a la Administración estatal y a la Administración autonómica.

2                    La normativa relativa a la ejecución de sentencias que condenan a la Administración Pública

En primer lugar, procede examinar la ejecución de sentencias en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, teniendo en cuenta siempre que dicha ejecución normalmente se lleva a cabo por la propia Administración (autotutela ejecutiva), lo que constituye una diferencia fundamental con la Jurisdicción Civil, en la que son los jueces y tribunales los que ejecutan sus propios fallos.

En concreto, la LJCA regula en su capítulo IV la ejecución de sentencias. Los principales hitos de la ejecución son los siguientes:

  • Una vez la sentencia deviene firme, se comunica al órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso en el plazo de 10 días, para que en el mismo plazo la “lleve a puro y debido efecto” (artículo 104.1).
  • Transcurridos dos meses desde la comunicación anterior, cualquier parte podrá instar la ejecución forzosa de la sentencia (artículo 104.2).
  • Mientras en las sentencias que condenan a la Administración a realizar una determinada actuación o a dictar un acto, el Juez o Tribunal, en caso de incumplimiento, puede ejecutarla por sus propios medios o requerir la colaboración de la Administración (artículo 108 de la LJCA), en las sentencias condenatorias al pago de cantidad líquida no existe tal posibilidad de ejecución subsidiaría por el propio órgano jurisdiccional.
  • El artículo 106 de la LJCA, que contempla expresamente el caso de las sentencias que condenan a la Administración al pago de cantidades líquidas, dispone:
  • “1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.”

    Así, se impone un límite de tres meses para concluir el procedimiento de modificación presupuestaria para impedir que la ejecución se dilate indefinidamente en el tiempo. Sin embargo, es importante subrayar que es la propia Administración la que en todos los casos realiza el pago, sin que se prevea expresamente la posibilidad de que el órgano jurisdiccional ejecuté los bienes o derechos de la Administración para dar cumplimiento a la sentencia una vez concluido dicho plazo.

  • Finalmente, el artículo 112 de la LJCA establece que “Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”. Además, el mismo artículo prevé la imposición de multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, hasta la completa ejecución del fallo judicial.
  • Esto es, en último término la garantía de la ejecución de la sentencia, cuando no es posible la ejecución por el propio órgano jurisdiccional –en todo caso en las sentencias que condenen a la Administración al pago de cantidades líquidas-, es la responsabilidad personal del funcionario que la debe llevar a pleno efecto.

    Pues bien, este sistema presenta evidentes limitaciones, sobre todo en el caso de condenas a la Administración al pago de cantidades líquidas.

    El problema de mayor envergadura es que no existe una relación directa entre el cumplimiento del fallo, que consiste en el pago de la cantidad líquida, y la multa coercitiva impuesta al funcionario, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la constitución de un embargo en la vía jurisdiccional civil. En otras palabras, mediante la coerción al funcionario, no se satisface el derecho a la tutela judicial efectiva del particular, que se concreta en el cumplimiento del fallo, sino que meramente se intenta incentivar ésta de forma indirecta. No se trata propiamente de una ejecución forzosa de la sentencia; en puridad, sigue siendo una ejecución voluntaria de la Administración.

    A mayor abundamiento, conviene tener en cuenta que la imposición de una multa coercitiva implica la previa incoación de un procedimiento administrativo sancionador, lo que supone una mayor dilación en el tiempo de la ejecución de la sentencia, además de todas las complicaciones que pueden surgir durante el mismo, en particular en relación con la delimitación de la autoridad, funcionario o agente de la Administración responsable.

    En definitiva, la regulación de la LJCA de la ejecución de sentencias que condenan a la Administración al pago de cantidades líquidas no es adecuada para asegurar el cumplimiento del fallo, sobre todo cuando se compara con la ejecución de sentencias en la Jurisdicción Civil.

    3                    El privilegio de inembargabilidad de la Administración

    El problema que acabamos de ver nace del privilegio de inembargabilidad de la Administración, que consiste en la prohibición de los jueces y tribunales de ejecutar bienes y derechos de la Administración.

    Para situar en el contexto adecuado esta situación conviene realizar previamente un breve análisis de la norma sobre los bienes absolutamente inembargables que contiene el artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (la “LEC”). Según dicho artículo:

    “No serán en absoluto embargables:

    1º        Los bienes que hayan sido declarados inalienables

    2º        Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal.

    3º        Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.

    4º         Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal [el subrayado es nuestro].”

    En efecto, esta disposición no contiene una lista cerrada y contempla la posibilidad de que se determinen legalmente clases de bienes adicionales para añadirlas a la enumeración anterior. Además, establece el artículo que los bienes inalienables son inembargables en todos los casos.

    En este sentido y en primer lugar, el artículo 132 de la Constitución dispone:

    “La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, así como su desafectación.”

    Con la fórmula del “principio de inalienabilidad” el legislador constituyente declara absolutamente inembargables los bienes de dominio público y los comunales. Sin embargo, no se pronuncia sobre los bienes patrimoniales de la Administración Pública, delegando esta posibilidad en el legislador ordinario.

    Cabe distinguir dos posturas distintas del legislador ante el privilegio de inembargabilidad de los bienes patrimoniales de la Administración, la anterior y la posterior, respectivamente, a la Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio (la “STC 166/1998”). Procederemos ahora a examinar el régimen legal previo al cambio operado por la STC 166/1998.

    Así, con anterioridad a la STC 166/1998, el artículo 18 del Decreto 1022/1964, de 15 abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado (el “Decreto 1022/1964”) disponía:

    “Ningún Tribunal podrá dictar providencia de embargo, ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni contra las rentas, frutos o productos del mismo, debiendo estarse a este respecto a lo que dispone la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.”

    Y en idéntico sentido se expresaba el artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales (la “Ley 39/1988”):

    “Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Local ni exigir finanzas, depósitos y cauciones a las Entidades locales.”

    De esta forma se establecía la inembargabilidad absoluta de los bienes de la Administración del Estado y de la Administración local. También conviene poner de manifiesto que la normativa autonómica contenía disposiciones muy similares.

    El privilegio de inembargabilidad absoluta de la Administración fue objeto de un acalorado debate doctrinal, esgrimiéndose argumentos válidos de una y otra parte.

    De un lado se alegaban los principios de legalidad presupuestaria y continuidad de los servicios públicos. El embargo de los bienes y fondos de la Administración supondría una perturbación de la ejecución presupuestaria, toda vez que la inembargabilidad no es más que un cauce adecuado para el pago a través de un procedimiento administrativo, con base en la solvencia de los entes públicos. En cualquier caso, lo que procedería, según los seguidores de esta línea doctrinal, es la introducción de una regulación más eficaz para asegurar el cumplimiento de las sentencias por las Administraciones Públicas.

    Sobre este punto, no esta demás añadir que la regulación de la LJCA de la ejecución de sentencias, que vimos en el primer apartado de esta exposición, es precisamente la normativa más eficaz que venía exigiendo este sector doctrinal.

    El otro sector doctrinal, que abogaba por la desaparición del privilegio de inembargabilidad, invocaba el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución, concretado en este caso en la ejecución de las sentencias que condenan a la Administración al pago de cantidades líquidas.

    Así pues, estamos una vez más ante lo que parece ser la dicotomía clásica en Derecho Administrativo entre el interés general y el interés particular.

    La solución a este problema oscila, como no puede ser de otra forma, entre dos extremos, y hasta hace relativamente poco el privilegio de absoluta inembargabilidad de los bienes de la Administración ponía de manifiesto el triunfo de la tesis de que el interés general primaba en todo caso sobre el particular. Como veremos más adelante, en realidad el presupuesto de partida de este planteamiento no se ha alterado, sin perjuicio de que se ha procedido a delimitar de forma más concreta cuando entra en juego el interés general.

    4                    Examen de la STC 166/1998 4.1              Introducción

    La STC 166/1998 resuelve sobre la cuestión de inconstitucionalidad del ya citado artículo 154 de la Ley 39/1988 planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos. Dicha cuestión de inconstitucionalidad se plantea a raíz de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Burgos, por la que se condena al Ayuntamiento de Burgos al pago de algo más de 60.000.000 de pesetas a la entidad mercantil Castellana de Publicidad Exterior, S.A. En fase de ejecución, el Ayuntamiento se niega a satisfacer la totalidad del pago.

    La STC 166/1998 resulta particularmente interesante desde el punto de vista académico, pues describe perfectamente el choque entre las dos posturas doctrinales antes recogidas.

    Por un lado, el Tribunal Constitucional examinó la constitucionalidad de la manifestación de autotutela ejecutiva de la Administración local, del inciso 3 del artículo 154 de la Ley 39/1988, que disponía

    “El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las Entidades Locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a las mismas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias previstas en las Leyes”

    En efecto, este artículo determinaba que sería en todo caso la Administración local la que ejecute las sentencias que la condenen, y no el órgano jurisdiccional que dicte el fallo: era una manifestación del privilegio de autotutela ejecutiva de la Administración.

    Por otro lado, también se pronunció sobre la constitucionalidad del inciso 2 del artículo 154, que recordemos declaraba la inembargabilidad absoluta de los “bienes en general” de las Entidades Locales.

    El Tribunal Constitucional comenzaba su examen aproximándose a los orígenes históricos de estos privilegios de la Administración. A este respecto, se expresaba en los siguientes términos:

    “En suma, de lo anterior se desprende, en primer lugar, que tanto la autotutela ejecutiva de la Administración local como la inembargabilidad de la Hacienda municipal surgieron históricamente no sólo en atención a las concepciones jurídicas entonces dominantes -la separación sin interferencias mutuas entre la Jurisdicción y la Administración, como corolario de la división de poderes- sino también por exigencias derivadas tanto del principio de legalidad administrativa como del de legalidad presupuestaria. En segundo término, que ya en este momento histórico se consideró que la inembargabilidad de los distintos elementos que integraban la Hacienda Pública constituía un límite al ejercicio de la función jurisdiccional de los Jueces y Tribunales de hacer ejecutar lo juzgado”.

    Vemos, pues, como el Tribunal Constitucional encontraba el origen de los privilegios de inembargabilidad y de autotutela ejecutiva en la separación estricta entre la jurisdicción administrativa y la judicial, y los principios de legalidad administrativa y de legalidad presupuestaria.

    4.2              La autotutela ejecutiva de la Administración

    El Tribunal Constitucional considera que la sentencia que condena a la Administración al pago de una cantidad líquida no es un título ejecutivo, por exigencia del principio de legalidad presupuestaria. En concreto, dice la sentencia:

    “[L]as exigencias del principio de legalidad en materia del gasto público son las que han determinado que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones de pago a cargo de las Entidades locales o de sus organismos autónomos se reserve «exclusivamente a las mismas», como se expresa en el art. 154.3 LHL.”

    En definitiva, la autotutela ejecutiva en este caso es una exigencia accesoria, necesaria para hacer cumplir a la Administración con el principio de legalidad presupuestaria, y no constituye una invasión de la función jurisdiccional de los Jueces y Tribunales de hacer ejecutar lo juzgado. Siguiendo este razonamiento, concluye el Tribunal que el inciso 3 del artículo 154 de la Ley 39/1988 no es inconstitucional:

    “No cabe entender, pues, que el privilegio de autotutela ejecutiva del art. 154.3 LHL, por sí solo, excluya o límite el ejercicio de la potestad jurisdiccional de «hacer ejecutar lo juzgado» que en exclusiva corresponde a los Juzgados y Tribunales. Ni tampoco el deber que a los entes públicos impone el mandato del art. 118 CE. Pues «los privilegios que protegen a la Administración no la sitúan fuera del ordenamiento ni la eximen de cumplir lo mandado en los fallos judiciales» (STC 26/1983, fundamento jurídico 4.º). Por lo que ha de llegarse a la conclusión que dicho precepto no es contrario a la Constitución.”

    Una vez resuelta la cuestión respecto de la autotutela ejecutiva, el Tribunal Constitucional examina si el obstáculo a la ejecución forzosa que constituye el privilegio de la inembargabilidad de los bienes de la Administración local del artículo 154.2 de la Ley 39/1988 está constitucionalmente justificado.

    4.3              El privilegio de inembargabilidad

    En primer lugar, el Tribunal analiza el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, acogiéndose a la línea jurisprudencial más establecida, según la cuál “el derecho a que se ejecuten las sentencias” no puede entenderse como “absoluto e incondicionado”.

    No obstante, resulta mucho más interesante el estudio que realiza la sentencia de la justificación constitucional del privilegio de inembargabilidad. Comienza el Tribunal afirmando que “el legislador, por razones de «interés público y social» puede excluir «determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables y prohibiendo, en su consecuencia, que el ejecutante proyecte su ejecución sobre los mismos”.

    En relación con lo anterior, procede la sentencia a examinar si la exclusión de embargo de “los bienes en general” de las corporaciones locales del artículo 154.2 de la Ley 39/1988 está justificada constitucionalmente. Para ello, contrasta la naturaleza jurídica de los bienes demaniales y los afectados a servicio público, con los bienes patrimoniales de la Entidad Local generadores de renta para la misma, que se comportan, en definitiva, como bienes privados.

    El Tribunal Constitucional examina la ratio del artículo 132 de la Constitución que prohíbe el embargo de los bienes de dominio público. Concluye el Tribunal que la especial protección que merecen estos bienes proviene de la afectación de los mismos a un uso público o a la prestación de un servicio público, y que dicha protección es un deber impuesto a las Administraciones Públicas, para lo que se las ha dotado de unas concretas facultades administrativas.

    En el supuesto de los bienes patrimoniales de la Administración no afectos a un uso público o a la prestación de un servicio público, esta justificación lógicamente desaparece. Por ello el Tribunal Constitucional considera que la extensión del privilegio de inembargabilidad a los “bienes en general de las Entidades Locales” del artículo 154.2 de la Ley 39/1988 es inconstitucional. En palabras del propio Tribunal:

    “En definitiva, hemos de llegar a la conclusión de que, observado el procedimiento para la válida realización del pago (arts. 154.4 LHL y concordantes) si el ente local deudor persistiera en el incumplimiento de su obligación de satisfacer la deuda de cantidad líquida judicialmente declarada el privilegio de inembargabilidad de los «bienes en general», de las Entidades locales que consagra el art. 154.2 LHL, en la medida en que comprende no sólo los bienes demaniales y comunales sino también los bienes patrimoniales pertenecientes a las Entidades locales que no se hallan materialmente afectados a un uso o servicio público, no resulta conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 CE garantiza a todos, en su vertiente de derecho subjetivo a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes.”

    En efecto, los bienes patrimoniales de la Administración local no han sido excluidos del tráfico civil y la propia Administración gestiona los mismos de acuerdo con los principios del mercado, fundamentalmente procurando maximizar su rendimiento. La actuación de la Administración y las relaciones que entabla con terceros a raíz de la misma se someten al Derecho privado, por lo que, a pesar de que los rendimientos obtenidos de dicha actuación vayan a ser empleadas para satisfacer el interés general y no el interés particular, no deja de ser cierto que en la gestión de estos bienes la Administración se comporta como un titular particular más.

    En relación con lo anterior, conviene detenernos en la situación de los frutos obtenidos de la gestión de los bienes patrimoniales de la Administración respecto del privilegio de inembargabilidad. Pues, si bien es cierto que hemos concluido que a los bienes en sí no procede extender dicho privilegio, debemos ahora examinar en que situación en este sentido se encuentran las rentas producidas por los mismos.

    Para este propósito, conviene traer a colación la distinción que realiza el Tribunal Constitucional en la sentencia objeto de análisis entre lo que es la Hacienda Local, constituida por los ingresos y gastos públicos de la Administración local, y el patrimonio de la Entidad Local, en los siguientes términos:

    “[E]n efecto, [el patrimonio de la Entidad Local] está constituido «por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenecen» (art. 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en adelante LBRL). En la Hacienda local, en cambio, se integra el conjunto de los ingresos, tributos propios, participaciones en tributos de otros Entes públicos, subvenciones, precios públicos, productos de las operaciones de créditos, las multas que perciben, así como por las demás prestaciones de Derecho público (art. 2.1 LHL). En suma, los «tributos y cantidades que, como ingresos de Derecho público deben percibir las Entidades locales» (art. 2.2 LHL). Y los apartados 2 y 3 del art. 3 de esta disposición refuerzan la separación entre «Hacienda» y «patrimonio» al determinar el primero que constituyen «ingresos de Derecho privado» de las Entidades locales, que forman parte de su Hacienda, «los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación». Mientras que el segundo considera «patrimonio de las Entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público».”

    Esta distinción tiene importantes consecuencias, sobre las que advierte M. Concepción Escudero Herrera, en su artículo “Especialidades en la ejecución de condenas pecuniarias contra la administración”. En concreto, al formar parte de la Hacienda Local las rentas producidas en el patrimonio de la Entidad Local, no van a ser embargables, lo que puede resultar bastante desconcertante desde el punto de vista económico.

    Así, y en primer lugar, porque las rentas son mucho más líquidas que los activos que las producen, por lo que son idóneas para satisfacer las obligaciones de pago, y en segundo lugar porque la ejecución de dichas rentas es mucho menos onerosa para el patrimonio de la Entidad Local. Tampoco parece posible justificar la preferencia por el embargo de los bienes frente a las rentas fruto de estos aludiendo al principio de legalidad presupuestaria, pues parece obvio que la separación de dichos bienes del patrimonio de la Entidad Local hará desaparecer las rentas que los mismo producen en la Hacienda Local.

    Una vez analizada la STC 166/1998, debemos ahora examinar la situación normativa actual del privilegio de inembargabilidad de las Administración, en particular de las Entidades Locales.

    5                    La situación actual del privilegio de inembargabilidad

    El artículo 30 de la nueva Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones Públicas (la “Ley 33/2003”), delimita el privilegio de inembargabilidad de la Administración estatal de la siguiente forma:

    “1. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

    2. Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.

    3. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración General del Estado o sus organismos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [el subrayado es nuestro].”

    Así pues, a sensu contrario, el artículo permite el embargo de los bienes de la Administración estatal cuando no estén materialmente afectos a un servicio o función pública y cuando sus rendimiento no estén legalmente afectados a fines determinados.

    Por su parte, el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (el “RDL 2/2004”), contempla el embargo de bienes de las Entidades Locales como una excepción, disponiendo lo siguiente:

    “1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.

    2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público [el subrayado es nuestro].”

    En efecto, el RDL 2/2004 también permite el embargo de los bienes patrimoniales de la Administración local cuando no estén afectados a un uso o servicio público.

    En definitiva, tan sólo resta ver cómo se integra esta normativa en la LJCA. De una parte, la LJCA no contempla expresamente la posibilidad del embargo de los bienes patrimoniales de la Administración. Sin embargo, el artículo 112 de la LCJA, citado al principio de esta exposición, señala que “el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”.

    Creemos que la ejecución de bienes patrimoniales de la Entidad Local entraría dentro del ámbito de dicho artículo, toda vez que no es más que una de las posibles “medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado” en la sentencia.

    En cuanto a la normativa que regularía el procedimiento de embargo en sí, la Disposición final primera de la LJCA establece la supletoriedad de la LEC, para lo no previsto en aquélla. Esto es, sería de aplicación el Capitulo III del Título IV del Libro III de la LEC.

    Igor Kokorev

    Abogado especializado en Derecho Mercantil

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