Nota sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. ( 1ª parte)

Publicado: 14 octubre, 2010 en Mercantil
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Por Igor Kokorev, abogado especializado en Derecho Mercantil

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley (el “Proyecto de Ley”) por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre (la “LSH”), con el fin de adaptarla a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural (la “Directiva”), considera que la mayor parte del contenido de la Directiva ya viene incorporado en la normativa española. No obstante, reconoce que “las obligaciones de separación jurídica en el mercado liberalizado de las actividades de transporte, distribución, regasificación o almacenamiento por una parte, de las actividades de producción o suministro de gas natural, por otra, y la obligación de separación funcional que impone la Directiva 2003/55/CE, exige la adecuación a dicha Directiva del Título IV de la Ley 34/1998 sobre ordenación del suministro de gases combustibles por canalización”.

Las principales modificaciones introducidas por el Proyecto de Ley son las siguientes:

1.            Se crea la “tarifa de último recurso”, precio máximo para aquellos consumidores que se determinen fijado por la Administración (en concreto, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio), como una garantía de suministro (art. 57 de la LSH). Consecuentemente, se crea la figura de comercializadores de gas de último recurso, que serán designados por el Gobierno (art. 82 de la LSH).

2.            El artículo 93 de la LSH, que establece la tarifa de último recurso, se expresa en los siguientes términos:

1. La tarifa de último recurso será el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la presente Ley, hayan sido designados como suministradores de último recurso, a los consumidores que, de acuerdo con la normativa vigente para esta tarifa, tengan derecho a acogerse a la misma.

2. La tarifa de último recurso será única en todo el territorio español sin perjuicio de sus especialidades por niveles de presión y volumen de consumo.

3. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de la tarifa de último recurso de gas natural o un sistema de determinación y actualización automática de la misma.

El sistema de cálculo de la citada tarifa incluirá, entre otros, el coste de la materia prima, los peajes de acceso que correspondan, los costes de comercialización y los costes derivados de la seguridad de suministro.

5. Las tarifas de último recurso se fijarán de forma que no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado.

El artículo 82 tampoco aclara el criterio que será empleado para determinar que consumidores tendrán acceso a la tarifa de último recurso.

3.            Se redefinen los operadores y las actividades del sistema gasista (Capítulo II del Título IV de la LSH), recogiéndose como sujetos los consumidores finales, así como los Consumidores Directos en Mercado, y la Oficina de Cambios de Suministrador, “que será la sociedad mercantil responsable de la supervisión y, en su caso, gestión de los cambios de suministrador de los consumidores finales” (art. 58 de la LSH).

4.            Los Consumidores Directos en Mercado, los comercializadores y los distribuidores deben estar inscritos en el correspondiente registro, que se crea ad hoc.

5.            El nuevo artículo 60 establece que, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la tarifa de último recurso, la actividad de comercialización se ejercerá en régimen de libre competencia, determinándose de forma reglamentaria (art. 78 de la LSH), entre otros, las medidas de protección del consumidor, los procedimientos de cambio de comercializador y el procedimiento de resolución de las reclamaciones. Asimismo “se preverá reglamentariamente la posibilidad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de tales reclamaciones”.

6.            Se clasifican como incompatibles las actividades de transporte, comercialización y producción, cumpliéndose de esta forma con el mandato de la Directiva. Por otro lado, se permite que grupos de sociedades realicen actividades incompatibles, siempre que sean ejercidas por sociedades diferentes y se cumplan determinados requisitos que aseguren la debida separación de dichas actividades (art. 63 de la LSH).

7.            Se incluye la definición de la red de transporte primario, como aquella que está constituida por los gasoductos de presión máxima de diseño igual o superior a 60 bares, en el artículo 66 de la LSH, dentro del Título IV, regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural. Esta inclusión se realiza a los efectos de establecer la obligación de los titulares de las instalaciones de transporte de permitir la utilización de los mismos por parte de los Consumidores Directos en Mercado y de los comercializadores. Con la redacción anterior, sólo tenían derecho de acceso a las redes de trasporte secundario.

8.            Se actualizan las obligaciones y los derechos de los sujetos del sistema gasista (art. 74, 75 de la LSH para los distribuidores; 81 para los comercializadores).

Escrito por Igor Kokorev

Abogado especializado en Derecho Mercantil

 

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