La prejudicialidad civil en el proceso arbitral

Publicado: 29 octubre, 2010 en Boletín Juridico
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Comentario a la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de abril de 2003.

Sentencia A.P. Barcelona de 25 de abril de 2003.
Ponente: Sr. Luís Garrido Espa

FJ 6: <<… la solución procedente en tales supuestos (litispendencia prejudicial) no es la exclusión del segundo proceso, sino su suspensión, hasta que el primero sea resuelto. Así venía siendo declarado por la jurisprudencia y, actualmente, de modo expreso lo establece el art. 43 de la LEC y, en concordancia con esta solución, el art. 421.1.3 en relación con el 222.4.

No obstante, puesto que la solución apuntada impone una demora en la solución del conflicto que no satisface los postulados del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el contorno del orden público aparece desdibujado en este plano pues a tenor del art. 43 de la LEC (prejudicialidad civil) la suspensión podrá acordarse por el tribunal a petición de ambas partes o de una de ellas, con lo que parece aceptarse la posibilidad de que las partes, de común acuerdo, determinen la decisión del conflicto prescindiendo de la incertidumbre de la relación controvertida.Esta opción, que excluye el más relevante matiz configurador del orden público, es tanto más apreciable en la institución del arbitraje (y, si cabe, más aún en el de equidad), a través del cual las partes contendientes buscan la forma más ágil y rápida de solucionar sus tensiones, toda vez que sólo por acuerdo de ambas podrá suspenderse el procedimiento (art. 30.1 y 31 LA) y, salvo ese acuerdo, el árbitro está compelido a dictar el laudo en un plazo perentorio, so pena de la consiguiente responsabilidad (art. 30.1 y art. 16), resolviendo así materia que, recordemos, ha sido sometida exclusivamente y de forma excluyente a su conocimiento.

Por ello, la propia configuración del medio alternativo o equivalente instaurado para la resolución del conflicto obligó al árbitro a resolver él mismo sin la demora que, en el ámbito jurisdiccional, podría haber sido impuesta a las partes. La situación final no es sino una consecuencia de la elección de la institución arbitral, que no vulnera normas integrantes del concepto de orden público>>.
La prejudicialidad civil en la Jurisdicción ordinaria se da cuando en un proceso civil debe resolverse una cuestión conexa que a pesar de ser competencia objetiva del propio Orden jurisdiccional civil está siendo conocida en ese mismo Orden jurisdiccional pero por parte de otro Juez en otro proceso civil, si que entre ambos concurran ni las tres identidades propias de la cosa juzgada ni la conexión propia de la litispendencia. Esta prejudicialidad civil se solventa en la LEC, y por tanto en la Jurisdicción ordinaria, mediante la posible suspensión del segundo proceso.

En sede arbitral puede ocurrir que esa prejudicialidad se dé entre dos procesos arbitrales, cuando tanto el objeto litigioso como la cuestión prejudicial se hallen sometidas a arbitraje, o bien entre un proceso arbitral donde se conozca de la litis y un proceso judicial en el que se esté conociendo acerca de la cuestión prejudicial, como sucede en la sentencia comentada.

En efecto, en el supuesto de hecho que se halla en el origen de esta sentencia, se reclamaban los daños y perjuicios derivados de un incendio, por lo que se debía entrar a conocer sobre las causas del siniestro, siendo ello también objeto de un juicio seguido en sede jurisdiccional frente a la compañía de seguros. El petitum y las partes entre ambos procesos (arbitral y judicial) no coincidían, por cuanto en el arbitral se reclamaba la indemnización entre el perjudicado y el asegurado mientras que en el judicial se reclamaba la indemnización cubierta por la póliza en los términos pactados en la misma. No obstante la causa petendi sí coincidía en parte en ambos, puesto que los dos abordaban la imputabilidad de la etiología del siniestro.

La sentencia comentada considera que el obstáculo para poder dar a la prejudicialidad civil el mismo tratamiento procesal en sede arbitral que en sede judicial radica tan sólo en que <<sólo por acuerdo de ambas partes podrá suspenderse el procedimiento arbitral>>. Ahora bien, si se trata de una verdadera cuestión meramente prejudicial, la ausencia de cosa juzgada y el efecto negativo de la sumisión arbitral, conlleva que ni el árbitro quede vinculado por lo que se resuelva en sede judicial ni a viceversa, de forma que si en realidad se tratase de una litispendencia su tratamiento procesal vendría dado tan sólo por aquel efecto negativo del convenio arbitral. En este sentido, puede verse lo que expusimos respecto de la litispendencia y arbitraje en el comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de febrero de 2002 (ANUARIO DE JUSTICIA ALTERNATIVA NÚM. 3/2002, págs. 188 a 189).

No obstante, entendemos que en el arbitraje la prejudicialidad civil plantea una cuestión de mayor trascendencia jurídica que la prohibición legal para que el árbitro pueda imponer unilateralmente la suspensión del proceso arbitral, puesto que en cualquier caso, si fuera preciso evitar resoluciones contradictorias (judicial una y arbitral la otra) derivadas de una cuestión prejudicial, siempre cabría condicionar el fallo arbitral a la forma en que fuese resuelta la cuestión prejudicial en el proceso judicial. En efecto, esa mayor dificultad radica en la disponibilidad de la materia prejudicial.

En este sentido, el Proyecto de Ley de Arbitraje parece suprimir el primero de los obstáculos mencionados que se refleja en la sentencia comentada, dado que en su art. 37.2 dispone que el plazo de seis meses, que se mantiene y se generaliza nuevamente para todos los arbitrajes, <<salvo acuerdo en contrario de las partes (…) podrá ser prorrogado por los árbitros mediante decisión motivada>>, por lo que de mantenerse el texto del Proyecto de Ley, los árbitros podrán suspender el procedimiento o lo que es lo mismo prorrogarlo. Extremo este que resulta criticable por cuanto no se especifica el régimen de recursos contra esa suspensión y porque deja en manos de los árbitros un elemento tan esencial en el arbitraje como el tempus, siendo ello de difícil encaje en una institución regida por la autonomía de de voluntad y en la que la celeridad, o la agilidad o rapidez como dice la sentencia comentada, deviene esencial. No obstante también es cierto que a ello cabe objetar que dado el carácter dispositivo de la norma, bastará con que las partes pacten lo contrario e impidan, de forma expresa, a los árbitros prorrogar sine die el proceso arbitral.

Ahora bien, aun soslayando de lege ferenda ese obstáculo de la suspensión, y a pesar de que la sentencia que comentamos no se refiere a ello, concurre en la prejudicialidad civil en sede arbitral el segundo obstáculo antes referido: su arbitrabilidad.

En este sentido conforme a lo dispuesto en el art. 2.1 b) <<no podrán ser objeto de arbitraje las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición>>. Tengo para mi que ello constituye una referencia explícita a las cuestiones prejudiciales no sometidas a arbitraje que afecten a terceros respecto del pacto arbitral (subjetivamente indisponibles para las partes) o aquellas materias que por carecer de carácter negocial sean objetivamente disponibles para las partes. Pues bien, esta referencia explícita a la prejudicialidad en sede arbitral también se desvanece en el Proyecto de Ley de Arbitraje.

¿Quiere ello decir que desaparecen los dos obstáculos comentados para poder dar a la prejudicialidad civil el mismo tratamiento procesal en sede arbitral que en la Jurisdicción ordinaria? ¿Y si ello fuera así, deberá dársele ese mismo tratamiento procesal? ¿En cualquier caso?

Parece claro que el primero sí desaparecerá según el referido art. 37.2 PLA, aunque de lege ferenda sería aconsejable prever un sistema para impugnar la decisión acerca de la suspensión, en cambio el segundo, a pesar de no estar expresamente contemplado se desprende de lo dispuesto en el art. 41.3 PLA, de contenido muy similar al vigente art. 45.3 A, en el sentido de que la anulación de un laudo por versar sobre materia indisponible tan sólo afectará a los pronunciamientos sobre cuestiones inarbitrables <<siempre que puedan separarse de las demás>>. Ello no obstante de mantenerse el actual texto del Proyecto de Ley, el árbitro podrá suspender el procedimiento arbitral si considera que la cuestión prejudicial le impide laudar, lo que no siempre sucederá dada la ausencia de eficacia de cosa juzgada respecto de las cuestiones prejudiciales y dado el efecto negativo del pacto arbitral que impide a los tribunales ordinarios conocer, en el sentido de pronunciarse el fallo, sobre aquello sometido a arbitraje y viceversa.

El árbitro que con la nueva Ley quiera suspender el procedimiento deberá primero verificar que no concurre aquella inarbitrabilidad objetiva o subjetiva de la cuestión prejudicial, puesto que ese caso deberá abstenerse de conocer sobre ello, e incluso en su caso (inseparabilidad objetiva o subjetiva) deberá declararse incompetente incluso de oficio y diferir el asunto a la vía judicial.

En todo caso, el árbitro tan sólo podrá suspender el procedimiento mediante <<decisión motivada>>, de lo que parece desprenderse que para poder adoptar aquella decisión suspensiva con la consiguiente prórroga del plazo de emisión del laudo, será preciso que concurra justa causa. Por ello entendemos que la sola existencia de una cuestión prejudicial, que no causará cosa juzgada, no puede constituir aquella <<justa causa>> para suspender el procedimiento.

En definitiva, entendemos que ni la vigente ley de arbitraje ni el proyecto de ley contemplan la prejudicialidad civil en sede arbitral con los mismos efectos suspensivos que la LEC. Bien al contrario, para suspender el procedimiento arbitral por prejudicialidad civil con el nuevo texto legal, consideramos precisa la concurrencia de otra causa que lo justifique: cual sería la inarbitrabilidad por motivos objetivos o materiales o por causas subjetivas o de sumisión, no del thema decidendi, sino de la cuestión prejudicial como materia inseparablemente unida al mismo.

Fuente: http://www.tab.es/index.php?option=com_content&task=view&id=130&lang=en

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